Repsol – YPF: el subsuelo en disputa Tsunami 70 Lecturas de las Crisis y la Lucha de Clases.

Brufau cobró 7,08 M/E de Repsol en 2.011. El Consejo de administración en su conjunto 16,3. 5,3 M/€ más que en 2.010.

Repsol, demogagia i corporativismo liberal. Jorge Fonseca, Catedrático EU de Economía Internacional y Desarrollo, Universidad Complutense de Madrid, miembro del Consejo Científico de ATTAC

Lo que resulta llamativo es la generalizada defensa de Repsol y la posición del gobierno -por convicción neoliberal, sumisión o miedo al despido-, por parte de analistas, académicos y tertulianos de los principales medios, que han hecho gala de pensamiento.

Los medios alternativos, las redes sociales e incluso los seguidores de foros de los medios públicos han mostrado la distancia que hay entre el establishment y la sociedad, foso que muestra la debilidad democrática en suma. En vez de procesar los datos de la realidad, la mayoría ha reaccionado como si la expropiación por razones de interés público fuese un acto ilegal en cualquier país, cuando forma parte del ordenamiento legal español (lo establece el artículo 33.3 de la Constitución española y tiene antecedentes de aplicación en la expropiación de Rumasa en los ochenta) al igual que del argentino.

entre 2007 y 2011 Repsol vendió alrededor de un 40% de sus acciones por lo que se embolsó unos 9000 millones de euros. Entre 1999 y 2011 la distribución de dividendos de YPF fue de 10.100 millones de euros (el beneficio neto nominal fue de 12.500 millones) y fuese cierto que el actual 57% de participación de Repsol en YPF vale 8.000 millones de euros como proclama Brufau esto supondría para Repsol una ganancia acumulada de 27.000 millones (sin contar las generadas por otras empresas adquiridas con recursos de YPF), es decir un enriquecimiento neto (descontando la inversión inicial) de 15.500 millones de euros, cantidad que arroja una elevadísima rentabilidad sobre el patrimonio neto ya que la compra de YPF fue hecha con préstamos bancarios. Se estima que el beneficio real ha sido superior pues se sospecha que ha utilizado precios de transferencia para enviar beneficios al exterior encubiertos como pagos corrientes. En la actualidad los beneficios generados por YPF representan en torno al 30% del total de Repsol (50% de la producción, 40% de las reservas), aunque en los primeros años llegaron a representar hasta el 60%. Por otra parte Repsol se ha quedado con valiosos yacimientos en Brasil, Ecuador, y otros países, que pertenecían a YPF pero que fueron atribuidos a la matriz, lo que supone otra formidable ganancia materializada en activos.

La nacionalización de YPF, filial de Repsol, por el gobierno de Argentina. Alberto Garzón Espinosa, diputado IU, Málaga.

Repsol no es técnicamente una empresa española, y en absoluto es propiedad de todos los españoles. Más del 50% de la multinacional es propiedad del capital extranjero (el 42% pertenece a fondos de inversión extranjeros –gestionados habitualmente por grandes bancos- y el 9’5% pertenece a la empresa mexicana PEMEX). El resto de la empresa es propiedad del grupo de capital privado español Sacyr (10%), de una entidad financiera española como Caixabank (12’83%) y de más capital privado español.

YPF es una entidad que no es propiedad al cien por cien de la multinacional Repsol. En realidad Repsol controla en torno al 57% de YPF, lo que la convierte en el socio mayoritario y el que tiene poder de control y gestión, pero no es el beneficiario pleno de la actividad de YPF. El resto de la empresa es propiedad de capital privado argentino y de capital flotante (propiedad de capital argentino y extranjero)

El crecimiento y desarrollo de Repsol –que debe mucho a la privatización argentina de YPF- no es igual de beneficioso para todas las partes que conforman la multinacional. Mientras los beneficios contables han crecido un 11’97% entre 1998 y 2007, el salario medio de sus empleados sólo ha crecido un 1’71%. Eso quiere decir que los mayores beneficiados han sido los accionistas privados –fundamentalmente grandes empresas extranjeras y otras españolas- y no sus trabajadores.

Repsol-YPF en tanto que empresa privada sólo persigue maximizar el beneficio en el corto plazo –para sus accionistas, además-, de modo que su estrategia empresarial no tiene por qué alinearse necesariamente con la estrategia de desarrollo de la economía argentina. Esta es precisamente una de las razones que aduce el gobierno argentino, que desea recuperar la empresa para poder usarla como instrumento efectivo de desarrollo.

Leer artículo completo en “Pijus Economicus”  Alberto Garzón Espinosa

¿Cuanto Paga Repsol en Impuestos?

Algunos datos sobre Repsol

Repsol-YPF: lo que mal empieza sigue mal y acaba mal. Paco Gómez Nadal. OMAL Observatorio de Multinacionales en América Latina.

¿Qué hay detrás de la telenovela de Repsol YPF? Pues una historia de privatizaciones, entrega de la soberanía energética e intereses privados para ordeñar con velocidad las limitadas reservar de hidrocarburos de Argentina.

Repsol llegó a Argentina cuando Carlos Menem (1989-1999) estaba terminando el trabajo sucio. Las caóticas reformas legales que introdujo la Administración Menem convirtieron a YPF en una sociedad anónima en 1990 y el proceso de privatización legal de la compañía estatal se concreta con la Ley 24.145 de 1992. El acercamiento de Repsol a Argentina se produce en 1996. En ese momento compra el 100% de diversas compañías del sector (Astra, Pluspetrol, Mexpetrol, EG3, Algas o Poligas) y participaciones en otras (como Refisan o Parafinas del Plata). Para ese momento, YPF había despedido, entre 1990 y 1997, a 34.917 empleados, y el Estado, en el proceso privatizador, había asumido todas las deudas de la compañía. Limpio el paquete, a finales del 98 Repsol compró un 5,01% de las acciones del Estado argentino en YPF y a principios de 1999 adquirió el 14,99% restante. La operación desembarco culminó en julio de 1999 cuando la multinacional española se quedó con el 55% de las acciones que estaban en manos privadas y el 11% que estaba en manos de los gobiernos provinciales. En total 15.168 millones de dólares en una megaoperación que no era inocente. Repsol dio un vuelco a sus operaciones, subiendo de manera brutal el porcentaje del negocio en exploración y explotación.

El problema, y una de las razones por la que se ha llegado a esta crisis, es que en ese momento las reservas de crudo argentino se estimaban en unos 15 años y Repsol sólo ha vaciado los pozos y maximizado ganancias exportando la mayoría del petróleo.

La senadora María Eugenia Estenssoro, hija del último director de YPF antes de que la comprara Repsol, es muy crítica del Gobierno y de Repsol, por haber vaciado YPF. Fue durísima con Menem por regalar “un activo estratégico del país” y ahora lo es con lo ocurrido en los últimos años: “(…)El contrato societario firmado por Repsol y el Grupo Eskenazi el 21 de febrero de 2008 -publicado desde entonces en la página de la Comisión Nacional de Valores (CNV)- obliga a los accionistas a distribuir el 90% de las utilidades anuales, cuando lo usual es el 25 por ciento. Este mecanismo permitió que ‘el amigo argentino’ [Eskenazi] comprara su parte en la empresa con los dividendos de la propia compañía. (…) Pregunto: si se acordó retirar prácticamente el total de las ganancias cada año, ¿con qué dinero se esperaba financiar la reposición de reservas y la ampliación de la producción? Repsol aceptó el acuerdo sin protestar, porque así emprendía la retirada con los bolsillos llenos y silbando bajito. Además, esta práctica depredadora la utilizó en la Argentina desde el inicio. Entre 2003 y 2007 repatrió el 97% de las utilidades de la empresa. Toda esta información está en los balances públicos”.

Repsol no es España: Juan Torres lópez, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

En Argentina, como en otros países, Repsol utiliza las respectivas filiales nacionales, como hacen todas las empresas multinacionales, para fijar los llamados “precios de transferencia” (artificialmente bajos para hacer que aparezcan pérdidas allí donde conviene y beneficios en donde pueden conseguir tratamiento fiscal y condiciones políticas más favorables). Y en lugar de orientar la explotación de los recursos nacionales hacia el abastecimiento interno que cubra las necesidades de la población y satisfaga los respectivos intereses nacionales, se utiliza como parte de una estrategia de maximización de beneficios global que, entre otras cosas, pasa por considerar al petróleo, y al resto de las materias primas, como una commodity, es decir, no solo un bien orientado a la producción y el consumo sino, sobre todo, a su utilización como activo financiero para especular con él en los mercados.

Lo que está haciendo el gobierno es patético y se debe decir claramente: no está defendiendo los intereses de España y de sus ciudadanos, como dice, sino de una gran empresa a la que España, el bienestar de su población o la situación de las empresas  que verdaderamente están aquí tratando de sacar adelante la actividad y el empleo sin gozar del apoyo y los privilegios de Repsol, le importan un rábano en el día a día de sus actuaciones

Ya está bien de tanto teatro y de tanta sumisión ante los grandes. Lo que necesitamos en España no son precisamente repsoles que se dediquen a ganar dinero a espuertas en Argentina y otros países a base de mal explotar sus recursos, de evadir impuestos y expatriar beneficios a paraísos fiscales, sino un gobierno digno que se plante ante quienes de verdad están llevando a la ruina a la economía española.

La nacionalización de YPF (I): “Nuestras empresas” y la “seguridad jurídica” Pedro Ramiro OMAL Observatorio de Multinacionales en América Latina.

¿Son Repsol y otras corporaciones transnacionales como Telefónica, BBVA o Iberdrola “nuestras empresas”? En la última década, hemos visto cómo en muchas ocasiones los principales medios de comunicación y los gobernantes españoles se referían así a las grandes corporaciones cuya sede central se encuentra en el Estado español: «Nuestras empresas están en América Latina para quedarse, se trata de una apuesta de Estado que no tiene marcha atrás», decían desde el gobierno de Zapatero hace tres años. Y es que, según el discurso oficial, la internacionalización de “nuestras multinacionales” es una de las principales fuentes de riqueza para este país. En base a ese argumento, habría que defenderlas por encima de todo y dar por sentada la máxima de que «lo que es bueno para ‘nuestras empresas’ es bueno para la población española».

Pero estas empresas, que sí puede decirse que fueron “nuestras” hasta finales de los años noventa -no olvidemos que compañías como Repsol, Telefónica, Endesa y Gas Natural fueron de titularidad pública hasta hace apenas una década y media-, hoy sólo pertenecen a sus accionistas. Y, en realidad, ellos son los únicos beneficiarios, junto con los directivos y ejecutivos de estas compañías y todos esos políticos y empresarios que se han hecho de oro atravesando las “puertas giratorias” que conectan el sector público y el mundo empresarial, con la expansión global de los negocios de estas compañías.

Por citar sólo un dato: Antonio Brufau, presidente de Repsol, recibió una retribución por el desempeño de su cargo de 7,08 millones de euros en 2011.

Repsol ha sido acusada de operar en 17 resguardos indígenas en Bolivia, contaminar el territorio mapuche en Argentina y el Parque Nacional Yasuni en Ecuador, violar los derechos humanos en Colombia y, en el caso de Argentina, la compañía ha causado importantes y persistentes impactos sobre el ambiente, la vida y la cultura de sus habitantes, en especial de las comunidades indígenas en cuyos territorios opera. Además, con el apoyo de los organismos internacionales, Repsol obtuvo una posición de absoluto control de la energía que ha aprovechado para implementar una infraestructura que ha favorecido el uso irracional de los recursos; la empresa elevó las tarifas del mercado argentino a los precios internacionales, olvidando sus costos y dejando a grandes sectores de la población sin posibilidad de acceder a la energía. ¿Puede hablarse así de “desarrollo”?

Petróleo y mineria: como una maestra jardinera

Editorial Le Monde Diplomatique Sudamérica Abril 2012

Si la minería podía ser un misterio, no sucede lo mismo con los hidrocarburos, de los cuales los Kirchner y su equipo, provenientes de una provincia petrolera como Santa Cruz, lo sabían casi todo. Pese a ello, la política energética de la Era K ha sido cortoplacista y, al menos respecto de YPF, bastante errática. A menudo guiada por objetivos nobles, como mantener los precios controlados para impulsar el consumo y la producción, o fomentar la nacionalización parcial para evitar la dispersión de objetivos estratégicos de la empresa, los resultados son elocuentes (por lo malos): disminución de las reservas (que se redujeron un 18 por ciento en los últimos diez años), caída de la producción y pocos avances en la capacidad de refinamiento, todo lo cual ha ido redondeando una balanza energética alarmantemente deficitaria (unos 3 mil millones de dólares en 2011).
Como sucede con la minería, se impone, aquí también, un cambio de política. Los hidrocarburos son recursos no renovables y, por lo tanto, estratégicos. Sería absurdo considerarlos a la par de otros commodities, como si fueran soja o café, y parece lógico que el Estado asuma un control mayor sobre variables clave, tales como inversión, distribución y precios.
La cuestión es cómo. Hasta el momento, la ofensiva oficial contra Repsol-YPF incluyó la quita de una serie de beneficios fiscales y la eliminación de subsidios, el impulso a los gobernadores aliados para que anulen concesiones y, todo así lo indica, se coronará con algún tipo de intervención estatal mediante un mecanismo todavía no definido (mi impresión, al cierre de este editorial, es que el gobierno está analizando la manera de hacerlo).

YPF-Repsol y la guerra de los tahúres. Carlos Abel Juárez, María Julia Bertomeu, G. Buster,  – miembros del Comité de Redacción de Sin Permiso -, y Antoni Domènech, Editor General. Sin Permiso 16-4-12

El conflicto por el 24,55% de las acciones en juego de Repsol en YPF puede acabar afectando no solo al conjunto de la inversión española en Argentina, sino también en toda America Latina. El síndrome de la “seguridad jurídica” de la derecha española surge directamente de su experiencia traumática de la crisis argentina de 2001, cuando frente a la intervención de la banca española en Argentina, Aznar solo pudo recurrir a la presión de EE UU, ante la incapacidad de reacción de la UE: eso, y no otra cosa, es lo que propició el giro “atlantista” que desembocó en la foto de las Azores, la participación en la Guerra de Irak y la manifiesta displicencia hacia el núcleo de la “vieja Europa”.

Pues bien; esa interpretación aznariana de la defensa de los intereses de la “marca España” y de las empresas trasnacionales españolas en America Latina constituye ahora el núcleo de la nueva política exterior conservadora española, siempre bajo presión del propio Aznar y de su ideológicamente venenosa fundación FAES. De lo que se trataría, en substancia, es de una confrontación ideológica “sin complejos” con el “populismo”, y a favor de la “libertad de mercado” y de la “democracia liberal”

YPF, un hostigamiento por motivos políticos, no técnicos. Mariano Marzo. El País 5-4-12

Sin duda, desde una perspectiva técnica, el contencioso suscitado en torno a YPF debe analizarse en el contexto de la metamorfosis energética acaecida en Argentina en los últimos años. Entre 2002 y 2010 el país ha experimentado un crecimiento del PIB del 8% anual, favorecido por unos precios de los productos energéticos en general, y de los productos petrolíferos y del gas natural en particular, artificialmente bajos. En el transcurso del período citado, la tasa anual de crecimiento de la demanda de productos energéticos ha sido muy alta: 5% para la electricidad, 4% para el gas oil, 7% para las gasolinas y 4% para el gas natural.

Argentina es hoy en día uno de los países con mayor dependencia de los hidrocarburos del mundo (particularmente del gas natural) de forma que en 2010 la participación del petróleo y gas en la oferta de energía primaria fue del 84%. Con este grado de dependencia, el dato de que en los últimos diez años la producción de petróleo y gas en el país ha registrado una caída cercana al 18% y 11%, respectivamente, ha activado todas las alarmas. Porque si a este hecho se le suma el del crecimiento de la demanda comentado, no resulta exagerado afirmar que el sector energético argentino se encuentra inmerso en un cambio sin precedentes. Cambio que puede ser visualizado mediante una simple constatación: en 2011 el balance comercial entre exportaciones e importaciones de productos energéticos arrojó, por vez primera, un saldo negativo de unos 3.438 millones de dólares, cuando tan solo unos pocos años atrás, en 2006, el balance era positivo y rondaba los 6.031 millones de dólares.

La “Marca España” es la  “Marca REPSOL” (y viceversa) Miguel Romero. Viento Sur.

Ecologistas en Acción se muestra favorable a la expropiación el 50’01% de las acciones de YPF por parte del Gobierno argentino a costa del 57’46% que le pertenecen a Repsol. Este es un paso necesario en el avance hacia un mundo post-petrolero más justo.

Ecologistas en Acción considera que es imposible avanzar hacia un mundo post-petrolero mientras el control de los campos y de la actividad petrolera esté en manos de empresas privadas. De este modo, el control público que una empresa como YPF es un paso adelante.

Pero la organización ecologista es plenamente consciente de que las razones por las que el Gobierno argentino se está planteando la nacionalización no son precisamente las ambientales. A pesar de ello, la expropiación sería una buena noticia, ya que un Gobierno en un país con una democracia parlamentaria es más susceptible de avanzar hacia el desmantelamiento de empresas públicas contaminantes gracias a la presión popular, que una corporación privada que solo se rige por la ley de máximo beneficio.

Además la noticia es positiva desde una perspectiva de justicia social. Ecologistas en Acción recuerda que Repsol, una pequeña empresa petrolera entonces, pudo comprar YPF gracias, entre otras cosas, a que el Gobierno de Carlos Ménem puso en venta la otrora empresa pública a precio de saldo y en un proceso plagado de irregularidades. Durante este tiempo, los beneficios de la explotación de los recursos argentinos no se han quedado en Argentina, sino que mayoritariamente han salido fuera de sus fronteras, mientras los impactos de la extracción sí han afectado a la población local. Además, las decisiones sobre temas estratégicos para el país americano, como los energéticos, tampoco se han realizado allí. Por ello, simplemente desde esta perspectiva de justicia social, la nacionalización de YPF es una buena noticia.

Por último, Repsol no es una empresa “española”, sino que es una empresa de sus accionistas. No existe ningún control público sobre sus actividades, ni sus beneficios redundan en la ciudadanía española de forma significativa. Además el 42’00% de las acciones está en manos de fondos de inversión que no tienen su sede en España, a lo que hay que sumar el 9’48% que está en manos de Pemex. Es decir, más de un 50% de la compañía pertenece a personas o entidades radicadas en terceros países.

Para Ecologistas en Acción, la defensa de los intereses de Repsol por parte del Gobierno solo puede ser explicada por una visión colonialista de las relaciones internacionales y por la supeditación de las instituciones públicas a los intereses privados de las empresas, en este caso Repsol.

YPF, pasado y futuro.  Nicolás Gadano, economista, autor de Historia del petróleo en Argentina (Edhasa). Le Monde Diplomatique Abril 2012

La situación crítica de los indicadores energéticos y la ofensiva del gobierno reubican en el centro del debate público el destino de YPF, que en su casi centenaria historia ha sufrido una seria de cambios radicales, al calor de las necesidades macroeconómicas y los condicionamientos políticos.

Notas de Pedro Prieto sobre Repsol-YPF, Argentina y España. Blog de Jorge Riechman

Más de la mitad de la propiedad de Repsol es extranjera y además es la segunda empresa española con más presencia en paraísos fiscales (12 filiales en las Islas Caimán y una en Liberia). ¿Es esto una empresa “española”, como para que merezca las amenazas tan flagrantes del gobierno español al gobierno argentino, por una amenaza de retrocesión de una privatización previa que muchos juzgaron escandalosa y vendepatria por parte del gobierno argentino de Eduardo Menem?

Repsol antes era una empresa pública. Es decir: de todos, y no de unos amigotes que valen su peso en oro. Como del Estado argentino era YPF.

Hace ya tiempo que nos expropiaron Repsol; concretamente entre 1989 y 1997, cuando Felipe González y Aznar se la quitaron de encima vendiéndola al peso. Tal sucedió con otras importantes empresas de sectores estratégicos, como Telefónica o Endesa, todos imperios boyantes que obtienen cada año beneficios de miles de millones que no acaban en las arcas públicas

Ver “conflictos-abusos” de Repsol en el mundo entero en:

Repsol Mata

Observatorio de Multinacionales en América Latina