El PP claudica ante la banca y vota no a la dación en pago. | PSOE y CiU se abstienen | El expolio de los bienes comunes | Tsunami 43 2012-3-7 Lecturas de la crisis y la lucha de clases.

 Arxivat a: Bloc, D'altres Mitjans, Drets Humans, Els Documentals, La Plataforma, Món Obert: L’Hospitalet pels Drets Humans, Totes les publicacions

La Crisis

Las razones y las calles, Félix Ovejero, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona. El País 7-3-12

Los ciudadanos hemos visto violados acuerdos fundamentales a pesar de cumplir con nuestra parte: empresas y hogares solventes que, sin haberse enredado en apuestas arriesgadas, han encontrado cerradas sus fuentes de financiación; trabajadores a los que se les modifican las condiciones laborales (indemnizaciones por despido, calendario laboral, cotizaciones sociales de los empresarios) pactadas en complicadas negociaciones y, en muchos casos, convertidas en derechos; votantes que ven como se desmantela un Estado del bienestar que los partidos se comprometieron a sostener; empleados públicos a quienes se reprocha su estabilidad laboral, algo que estaba en el acuerdo inicial que establecieron cuando optaron a sus puestos.

Tampoco se ha cumplido el principio de que “quien la hace, la paga”. Ni los bancos cargaban con el riesgo de las hipotecas ni los intermediarios financieros tenían que degustar el veneno de las titulaciones que inyectaban en las venas del sistema financiero. La supuesta relación entre las acciones y la (justa) retribución quedaba en nada cuando las agencias de calificación, contratadas por las propias entidades que evaluaban, sabían que si hacían debidamente su trabajo, lo perderían, que su mejor modo de conservar el negocio era callarse, o cuando los sistemas de las bonificaciones e incentivos alentaban en los empleados de los bancos de inversión o de gestión de fondos una apuestas temerarias a corto plazo con las que ellos ganaban un fortuna, despreocupándose por los intereses de sus clientes y hasta de sus empresas.

La Deuda

La deuda griega es un monumental fraude económico y político

Entrevista de Antonio Cuesta – Gara – a Leonidas Vatikiotis

Vatikiotis se muestra firme al asegurar que «lo ocurrido en Grecia es un golpe de Estado perpetrado por la Unión Europea (UE) para establecer en el gobierno a la banca internacional». Todo lo acontecido después «constituye un verdadero fraude económico y político». Para justificar tales afirmaciones, detalla algunos de los pasos dados en las últimas semanas tanto durante las negociaciones sobre el nuevo memorando de préstamo como en las relativas al canje, o quita, de la deuda soberana en manos de los acreedores privados, la llamada Participación del Sector Privado (PSI, por sus siglas en inglés).

Según el economista, «la aprobación parlamentaria del acuerdo de préstamo, del pasado 12 de febrero, establece una serie de datos -como el que fija el valor de la deuda para 2020 en el equivalente al 120,5% del PIB- que son absolutamente falsos». Avalado por el hecho de que todas las estimaciones sobre la evolución de los indicadores económicos de los últimos años han resultado erróneas («El incremento de la deuda desde 2009, la proyección del desempleo, la evolución de la actividad económica y el déficit público…»), considera que con una caída del PIB del 6,8% durante el último año y las previsiones negativas para el presente (-2,8%), no existe ninguna posibilidad de recuperación económica para 2014, aunque así lo contemple la ley.

Pero más grave que las mentiras o los errores de cálculo son los condicionantes que imponen los acreedores extranjeros: «Reducciones salariales del 30%, de las pensiones, privatización de todas las propiedades estatales, recortes salvajes en sanidad… el coste social de estas medidas será catastrófico y todo ello bajo el control de la ley británica, para mayor seguridad de los inversores aunque sea a costa del pueblo», advierte el entrevistado.

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Derecho a la Vivienda Digna – adecuada -.

Mentiras y propaganda.

Martes 6-3-12 El PP claudica y dice No a la dación en pago. El ministro de Guindos en evidencia. El PSOE i Ciu se abstienen.

La propuesta defendida por Joan Coscubiela – ICV – rechazada.

El pasado mes de febrero, el ministro de economia De Guindos, interpelado por Joan Coscubiela de ICV sobre la situación de las familias que han perdido la vivienda en procesos de ejecución hipotecaria y que arrastran una deuda de por vida con el banco, generaba expectativas al anunciar la posibilidad de introducir la dación en pago. Una declaración de intenciones que más allá de reconocer implícitamente la necesidad de regular una legislación hipotecaria a todas luces inhumana y conseguir titulares de prensa sensacionalistas, se quedaba en agua de borrajas, puesto que la aplicación de la medida no se regularía por ley, sino que sería voluntaria para los bancos.

Una medida que por lo tanto no significaba ningún avance respecto la situación actual, donde el ordenamiento jurídico vigente ya contempla la posibilidad de que las entidades acepten la dación en pago de manera voluntaria.

A raíz del debate desencadenado, ayer martes 6 de marzo tuvo lugar en el congreso una nueva votación. De nuevo Joan Coscubiela, de ICV, presentó la propuesta largamente reivindicada por la PAH. La aprobación de la dación en pago con efectos retroactivos para aquellos casos de residencia habitual y deudores de buena fe.  Una dación en pago obligatoria para las entidades financieras, y no voluntaria como la promovida por el ministro De Guindos. El congreso tenía pues una nueva oportunidad para aplicar justicia.

El resultado de la votación fue el siguiente: Votos a favor 36 . Votos en contra 181 .Abstenciones 118

(aquí el video de la sesión del congreso con las distintas intervenciones)

A la hora de la verdad, el PP se desenmascaró y volvió a plegarse a los intereses de las entidades financieras demostrando un cinismo intolerable al haber creado tan solo dos semanas antes falsas expectativas entre las cientos de miles de personas afectadas por la estafa hipotecaria. Anunció que este viernes aprobarán por decreto ley un código de buenas prácticas voluntario para la banca. Es decir lo que ya tenemos ahora, pero disfrazado de medida social.

Por otro lado el PSOE se abstuvo. Parece que no han aprendido la lección tras su debacle electoral, una debacle que entre otros motivos se explica por su nula sensibilidad ante el problema hipotecario y de vivienda de los ciudadanos de este país.

También se abstuvo CIU

Pero somos optimistas. Han transcurrido ya tres años desde que la PAH se constituyó en febrero de 2009. Aunque el camino recorrido no ha sido fácil, estamos más cerca que nunca de conseguir nuestros objetivos. Recordar que  en breve daremos el pistoletazo de salida de la recogida de firmas para la ILP sobre la dación en pago retroactiva, moratoria de desahucios y alquiler social. Un proceso que movilizará al país entero y que llevará de nuevo las propuestas de la PAH al congreso. Pero esta vez con el aval de cientos de miles, quizá millones de firmas.

Ada Colau, de la PAH, ya denunció al ministro de Guindos con anterioridad al pleno del martes dia 6-3-12

Más que nunca es necesaria la Iniciativa Legislativa Popular para cambiar la Ley de la Vivienda

Ayuda a SICOM a financiar el documental sobre #LaPlataforma de Afectados por la Hipoteca y sus justas reivindicaciones: Stop desahucios, dación en pago, alquiler social, ILP por una nueva Ley de la Vivienda.

Bienes comunes

El asalto final al bien común: Nazaret Castro

En España y en el resto de Europa, no me cansaré de decirlo, nos la jugamos AHORA. Es la batalla decisiva; el asalto final del neoliberalismo contra el Estado. Nosotros decidimos si vale la pena luchar. ¿Qué nos jugamos? ¿Tanto nos cambia la vida eso de la educación pública de calidad? Entendí hasta qué punto cuando conocí Brasil. Aquí, si naces en el seno de una familia pobre, difícilmente podrán costearte los miles de reales que cuesta una enseñanza primaria y secundaria en un colegio privado, así que será casi imposible que pases el vestibular –la prueba de acceso a la universidad- para acceder a una de las codiciadísimas plazas en las universidades públicas, que son las mejores del país, que se sufragan con los impuestos de todos, pero que –paradojas del libre mercado- quedan reservadas de facto a las elites.

Transformar en inalienables los bienes comunes. Una Constitución de los bienes comunes. Ugo Mattei. Le Monde Diplomatique Enero 2012.

¿Cómo proteger la propiedad colectiva en un momento en que los gobiernos se deshacen de los servicios públicos y dilapidan los recursos naturales que heredaron, por ejemplo, para ‘equilibrar’ su presupuesto? Forjada en el mundo anglosajón, y desarrollada en países con Estados poco centralizados como Italia, la noción de “bienes comunes” propone superar la antinomia entre propiedad pública y propiedad privada.

Cuando el Estado privatiza una vía de ferrocarril, una línea de transporte aéreo o un hospital; cuando cede la distribución de agua potable o vende universidades, expropia a la comunidad de una parte de sus bienes. Es una expropiación simétrica que realiza sobre la propiedad privada cuando desea construir un camino o alguna otra obra pública. En un proceso de privatización, el gobierno vende algo que no le pertenece sino que pertenece proporcionalmente a cada uno de los miembros de la comunidad, de la misma manera que, cuando se apropia de un campo para construir una autopista, adquiere mediante la coerción una propiedad que no es suya.

Por tanto, toda privatización decidida por la autoridad pública –representada por el gobierno de turno– priva a cada ciudadano de su cuota del bien común, exactamente como en el caso de una expropiación de un bien privado. Pero con una diferencia importante: la tradición constitucional liberal protege al propietario privado del Estado constructor, instituyendo la indemnización por expropiación, mientras que ninguna disposición jurídica –y menos aún constitucional– ofrece protección alguna del Estado neoliberal cuando éste traslada al sector privado los bienes de la colectividad.

Debido a la evolución actual de la relación de fuerzas entre los Estados y las grandes empresas transnacionales, esta asimetría representa un anacronismo jurídico y político. La misma irresponsabilidad constitucional autoriza a los gobiernos a vender libremente el bien de todos para financiar su política económica. Nos hace olvidar que los poderes políticos debieran ponerse al servicio del pueblo soberano, y no a la inversa. En efecto, el sirviente (el gobierno) debe poder disponer de bienes de sus mandatarios (los ciudadanos) para cumplir correctamente su servicio; pero su papel es el de un administrador de confianza, no el de un propietario libre de abusar de su patrimonio.

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